Los gobiernos tienen crecientes dificultades para poder llevar adelante sus iniciativas programáticas. Esto tiene múltiples explicaciones pero muchas se refieren tanto a la obsolescencia de las instituciones públicas como a la incapacidad de darle dirección estratégica al accionar gubernamental ya sea a nivel nacional, regional o local.
La empresa privada tiene una responsabilidad creciente en el desarrollo económico de los países pero enfrenta diversas dificultades para realizar sus proyectos.
La sociedad civil aparece con roles cada día más importantes y decisivos para el destino de los países, pero enfrenta la incapacidad de ser escuchados, de dialogar con el estado y el sector privado.
El desarrollo, las transformaciones tecnológicas y la democratización social ocasionan que las formas de negociación, reivindicación y gestión sean cada vez más complejas.
El hecho que los escenarios actuales no sean únicamente nacionales (que se hayan convertido en locales y globales a la vez); que la competencia crezca; que la ciudadanía modifique sus comportamientos y expectativas; genera cierto grado de desconcierto.
Hoy se tiene que convivir con el escrutinio público constante, y con obligaciones como la rendición de cuentas, la fiscalización y el cumplimiento de compromisos adquiridos.
Todo lo anterior permite identificar un campo de intervenciones que tenga como finalidad contribuir a construir la gobernabilidad necesaria para que gobiernos, sector privado y sociedad civil puedan realizar sus iniciativas dentro de la convivencia democrática.
Los gobiernos enfrentan un incremento constante de problemas sociales, tanto en cantidad como en complejidad, en el que muchas veces también está involucrado el sector privado.
Lo anterior va unido a una creciente cantidad de instituciones públicas que operan en torno a problemas específicos; la transversalidad aparece como característica básica de la acción pública.
La sociedad civil encuentra formas alternativas e imaginativas para obtener sus reivindicaciones, lo que se manifiesta en el surgimiento de nuevos liderazgos y movimientos sociales que sorprenden y enfrentan al gobierno y a las empresas.
En ese contexto, el sector privado necesita que sus iniciativas no entren en conflicto ni con la comunidad ni con las políticas públicas.
Esto lleva a que las políticas públicas ya no sean sólo tarea gubernamental sino que reflejan la interacción entre estado, sector privado y sociedad civil.